Coronel PNP (r) Benedicto Jiménez negó trabajar para Orellana, pero éste es dueño de la revista Juez Justo.

Cabos que se atan en el extraño caso del documento filtrado sobre la poderosa red de Rodolfo Orellana Rengifo.De la influencia en la Policía hasta sus contactos en el Poder Judicial.

Se dice que las arañas gozan de un afilado y complejo sentido del instinto, sobre todo cuando perciben el peligro. Raras son las especies que huyen ante la amenaza. Por el contrario, suelen mostrarse más aterradoras para hacer retroceder y, finalmente, acorralar a quienes las atacan.

El patrón arácnido podría aplicarse a lo ocurrido esta semana con la extraña aparición de un documento, atribuido a la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), que vincula al abogado Rodolfo Orellana Rengifo, al congresista Heriberto Benítez y al coronel PNP (r) Benedicto Jiménez con el ‘chuponeo’ del que fue víctima la lideresa de Unidad Nacional (UN) Lourdes Flores Nano en plena campaña por la alcaldía de Lima, en setiembre de 2010. Los llamados “potoaudios” significaron un golpe letal para la campaña de Flores Nano.

Ocurre que Orellana Rengifo es la cabeza visible de una compleja telaraña de presunto tráfico de tierras, falsificación, estafa, extorsión y asociación ilícita para delinquir entre otros delitos (CARETAS 2137 y 2170), pero en esa retahíla se desconocían acusaciones por espionaje telefónico.

Es un caso bizarro. El documento, difundido por el programa Primera Noticia de ATV, el lunes último, abunda en tal cantidad de detalles, nombres, organigramas, fotografías e información, que resultaría rarísimo que sea falso.

El martes 10, sin embargo, el ministro del Interior Daniel Lozada lo calificó de “apócrifo” porque, según dijo, “los documentos de este tipo salen con otro tipo de seguridades que no tiene este documento”.

¿Quién pudo haberse tomado el trabajo de redactar un elaborado “documento falso” como ese?

Es cierto que Orellana se ha hecho de una larguísima lista de enemigos que lo acusan de haberles quitado sus terrenos y casas a través de contratos fraguados en un dos por tres, pero aquí el cuento parece ir por otro lado.

Organigrama de la red del arácnido abogado Rodolfo Orellana contenida en el documento de inteligencia difundido por ATV y que se alega es apócrifo. ¿Quién pudo haberse tomado el trabajo de redactar un elaborado “documento falso” como ese?

Es muy comentada la supuesta influencia de Orellana en la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. Y no son pocos los que piensan que esta es una compulsa para desacreditar la información contenida en el documento y que, por lo tanto, no sea investigada.

“Este señor Orellana controla a fiscales, jueces y a parte de la Policía. Y ahora debe estar presionando, asustando, para que se diga que todo es falso”, sostiene el alcalde de La Victoria, Alberto Sánchez-Aizcorbe, uno de los perjudicados por el abogado. “Se habla de seguridad, pero nadie que trabaje en inteligencia va a estampar su firma en un documento como ese. Esto se ha filtrado y lo importante es saber si lo que dice ese documento es verdad”.

En efecto, el desmentido del documento atribuido a la Digimin beneficia a los acusados. Porque alegar ahora que todo es falso es la mejor forma de desestimar las acusaciones en contra de la red de Orellana. Una especie de aborto inducido.

En medio del juego de espejos de los despachos de Inteligencia no se puede asegurar, por cierto, que el documento sea verdadero u oficial. Pero aquí lo fundamental, como indica el alcalde Sánchez-Aizcorbe, es llegar al fondo del asunto.

EL ‘CHUPONEADOR’ DEL SIN

El documento reseña que los presuntos implicados tendrían montado su “centro de operaciones” en un inmueble de la avenida Guardia Civil 835, en San Borja, y que, además de Lourdes Flores Nano, se habrían interceptado los teléfonos de más personajes, sobre todo los rivales de Orellana.

En efecto, dicho local es el búnker de Orellana y da la casualidad que está situado a 3 cuadras de las oficinas de Flores Nano en la avenida Guardia Civil 1160.

Un “informante” citado en el documento señala que Jaime Salinas, entonces candidato a teniente alcalde de Lima por el Partido Popular Cristiano (PPC) y actual regidor, “es visto como enemigo por Rodolfo Orellana por tener ambos un tema judicial y (éste habría actuado) en claro apoyo a la candidata Susana Villarán por ser ésta colaboradora de (la revista) Juez Justo”, se lee.

Salinas confirmó al diario Correo que está enfrentado con Orellana desde 2005 y que ha sido “extorsionado y difamado” por el abogado.

El documento indica también que Orellana y su organización estarían empleando los viejos equipos de interceptación del desactivado Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) del ex asesor Vladimiro Montesinos Torres.

No se ha podido corroborar tales afirmaciones pero hay un hecho concreto y hasta hoy desconocido que complica a Orellana. Blanca Paredes, la media hermana de Giovanni Paredes Ruiz, es una persona muy cercana al abogado.

Ella pugna en los tribunales contra su hermano menor por el control del Camal de Yerbateros. Según Giovanni Paredes, es Orellana quien la maneja y financia. Por lo pronto, Blanca Paredes ya le cedió al abogado la plaza de toros Sol y Luna de La Victoria, valorizada en unos US$ 3 millones.

Desde hace un año, Blanca Paredes es resguardada por un militar retirado de singulares antecedentes. Se trata del mayor del Ejército (r) Pedro Tolentino García, quien fue procesado nada menos que por ‘chuponeo’.

Tolentino trabajó durante muchos años en el SIN y fue considerado el brazo derecho del coronel EP (r) Roberto Huamán Ascurra. Era tal la confianza entre ambos que cuando cayó el régimen fujimorista, en setiembre de 2000, Huamán le ordenó retirar y destruir los equipos de interceptación del SIN.

El propio Tolentino lo confesó al fiscal anticorrupción Óscar Zevallos en 2002: “Se retiraron computadoras, impresoras, fax, radios, grabadoras MANRAN y equipos de interceptación celular modelo PK”. Tolentino aseguró que llevó los aparatos a la réplica de la residencia de la Embajada de Japón, en los predios de la Brigada de Fuerzas Especiales, en Chorrillos. “Allí se procedió a destruir las grabadoras y después se llevó (otro material) a una fundición de Villa El Salvador. Mi participación consistió en vigilar que se destruya todo”, declaró.

¿Se destruyó todo? CARETAS ubicó telefónicamente a Blanca Paredes. Esto fue lo que dijo sobre Tolentino:

–CARETAS: Tenemos información de que tiene como jefe de seguridad al mayor EP Pedro Tolentino García.

–Blanca Paredes: (Silencio) ¿A razón de que viene su pregunta? Yo puedo conocer a “X” coroneles, a “X” mayores y eso no significa absolutamente nada. ¿Por qué me preguntan por él?

–¿Es cierto, entonces?

–Bueno, haré la consulta. Yo los estaré llamando.

Luego colgó y no hubo otra comunicación.

LA REQUISA DE CHIMBOTE

Otro hecho que merece atención ocurrió el pasado 13 de julio a la 1 pm. Aquel día, los fiscales anticorrupción Fernando Jiménez Rodríguez, Francisco Javier Estrada, Miguel Ángel Vilca y Cristian Enrique Aceijas, apoyados por un grupo de policías, allanaron la casa del congresista por Solidaridad Nacional (SN) Heriberto Benítez, ubicada en la calle Los Pinos 600, urbanización La Caleta, en Chimbote, buscando equipos de interceptación telefónica.

Benítez acusó a los fiscales de ingresar a su inmueble sin mandato judicial, pero no es cierto. Las autoridades registraron la primera planta, donde operaba una oficina de imagen del presidente regional de Ancash César Álvarez. No encontraron los aparatos y se marcharon.

Si el río suena es porque piedras trae. Benítez fundó una ONG con Rodolfo Orellana y luego se convirtió en un asiduo colaborador de la revista Juez Justo.

El incidente revela que, al menos, un sector del Ministerio Público tenía la pista que sindica a Orellana, Jiménez y Benítez en presuntas actividades de interceptación telefónica.

El documento de inteligencia que se alega apócrifo está cargado de información verosímil. El problema es que las investigaciones que la Fiscalía lleva adelante contra Orellana y su organización avanzan a paso de tortuga, en parte por las presiones que ejerce el abogado a través de la revista Juez Justo y del programa televisivo del mismo nombre en Canal 11.

“Es una organización nacional muy poderosa”, aseguró la procuradora antidrogas Sonia Medina. “Es por eso que las investigaciones no avanzan”.

Durante largo tiempo varios personajes, entre ellos Jiménez y Benítez, han sido sindicados como alfiles en el tablero de Orellana. No es un señalamiento baladí. El primero es el ex jefe del legendario Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) que capturó a Abimael Guzmán, en 1992, y el segundo es un congresista que se ha presentado como el abanderado de la lucha contra el narcotráfico.

A los tentáculos en la Policía y el Congreso se sumaría el corazón del Poder Judicial. Recientemente trascendió que Orellana ha reclutado como abogado al ex juez supremo Robinson Gonzales. Ahora que la multitud de juicios se encamina hacia la Corte Suprema, la contratación de Robinson resulta estratégica.

El registro de personas y empresas perjudicadas por Orellana y compañía es vasto. Entidades bancarias como el Banco Interamericano de Finanzas (BIF), el Banco de Crédito y el Scotiabank han sufrido millonarias estafas de Orellana. El último fue embaucado hasta en 5 ocasiones por un total de US$ 3.5 millones.

En la larguísima lista figuran también la Municipalidad de La Victoria y hasta la Fundación por los Niños del Perú. Una de las víctimas, Jorge Pazos Holder, el dueño de la Corporación Educativa CESCA, denunció el año pasado que Orellana hizo explotar su automóvil Mercedes Benz, en San Isidro.

Otro objetivo de la red es la procuradora Julia Príncipe, quien investiga desde octubre de 2010 al abogado y su organización por lavado de activos. A ella, la revista Juez Justo le ha dedicado siete portadas, acusándola de enriquecimiento ilícito, malos manejos y hasta inconducta funcional.

“Aquí en La Victoria hemos sufrido la presión de Orellana, pero lo nuestro es un juego de niños comparado a otros casos”, admite el alcalde Sánchez-Aizcorbe. “Lo raro es que después de ventilarse todas estas denuncias no pase nada y todos ellos sigan libres de polvo y paja como si nada. Es el poder que tienen”.

La Mordaza de Heriberto

- El pasado jueves 15 de diciembre, el pleno del Congreso aprobó la propuesta del congresista Javier Bedoya de Vivanco para modificar el Artículo 162 del Código Penal, la mal llamada ‘Ley Mordaza’ (CARETAS 2212). 

- El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad. Solo tuvo un voto en contra: el del congresista de Solidaridad Nacional Heriberto Benítez.

- El legislador argumentó que la iniciativa “colisiona con la libertad de expresión”. Bedoya le enmendó la plana diciendo que lo hizo por un afán de “figuretismo”. “Saber que se cuenta con todos los medios como respaldo es una cosa muy apetecible para un político”, dijo. Entonces no se conocían las acusaciones contra Benítez, Jiménez y Orellana por presunto “chuponeo”.